La relación laboral entre México y Estados Unidos ha sido crucial para el desarrollo agrícola estadounidense, especialmente en lo que respecta a la mano de obra migrante mexicana. A lo largo de los años, miles de trabajadores, incluidos muchos indocumentados, han sido clave para la producción agrícola en el vecino país del norte, contribuyendo al crecimiento de una potencia mundial en exportación de alimentos. Sin este esfuerzo, Estados Unidos no habría logrado los avances productivos que hoy disfruta, ni la disponibilidad de alimentos que abastece tanto a su población como al resto del mundo.
La historia de los jornaleros mexicanos en el campo estadounidense está ampliamente documentada, y se reconoce que su labor ha sido vital en sectores como la recolección del algodón, la zafra de caña, siembras y cosechas de hortalizas, manejo de ganado, podas de árboles frutales y trabajos en sistemas de riego. Sin embargo, estas labores han sido tradicionalmente mal remuneradas y requieren un gran esfuerzo físico. A pesar de ello, los jornaleros mexicanos han desempeñado estos trabajos con dedicación, convirtiéndose en la columna vertebral de la agricultura en los Estados Unidos.
A partir de la Segunda Guerra Mundial, la relación laboral entre ambos países se intensificó debido a la crisis de mano de obra en los campos estadounidenses, lo que llevó al establecimiento del Programa Bracero en 1942. Este convenio, firmado entre los presidentes Manuel Ávila Camacho de México y Franklin D. Roosevelt de Estados Unidos, permitió la contratación temporal de trabajadores agrícolas mexicanos para cubrir las necesidades laborales durante la siembra y cosecha. Durante más de dos décadas, aproximadamente cinco millones de mexicanos trabajaron legalmente en el país vecino bajo este programa.
Sin embargo, la falta de oferta laboral para los mexicanos y el deseo de los productores de contar con mano de obra más barata, propició un incremento en la migración indocumentada. Muchos jornaleros cruzaban el Río Bravo como “espaldas mojadas” en busca de trabajo en condiciones precarias. Aunque esta situación favorecía la sobreexplotación laboral, también reflejaba la dependencia que Estados Unidos tenía de la mano de obra mexicana.
Hoy, con las políticas migratorias más estrictas bajo el nuevo gobierno de Estados Unidos, se prevé una escasez significativa de trabajadores agrícolas. Se estima que alrededor del 50% de los empleados del campo estadounidense no tienen estatus migratorio legal. La crisis podría empeorar aún más en los próximos meses con las labores agrícolas que comienzan en primavera, como las podas de árboles frutales y la preparación de terrenos.
El panorama podría generar presiones sobre los productores agrícolas y ganaderos, quienes históricamente han influido en la creación de políticas migratorias más flexibles. En 1986, por ejemplo, fue la presión de estos mismos sectores la que contribuyó a la promulgación de una reforma migratoria y la creación del programa de visas H-2A para trabajadores agrícolas extranjeros.
A pesar de las críticas al programa H-2A, como su rigidez y altos costos, sigue siendo esencial para muchos productores que dependen de él para realizar cosechas, especialmente en estados como Florida, Georgia y California. Sin este programa, sería prácticamente imposible realizar tareas como la cosecha de frutas y hortalizas, una labor que muchos estadounidenses no están dispuestos a realizar.
En la actualidad, también ha aumentado la migración legal de profesionistas mexicanos, con un creciente número de veterinarios, agrónomos y científicos que desempeñan un papel crucial en sectores como el porcino y lechero. No obstante, la incertidumbre sobre la permanencia del programa H-2A, debido a la posibilidad de que nuevas tecnologías sustituyan a los trabajadores del campo, ha generado preocupación.
A pesar de los avances tecnológicos que podrían reducir la dependencia de mano de obra humana, la realidad es que los costos de implementación de estas tecnologías son elevados y no son accesibles para todos los productores. Además, la sustitución de los jornaleros podría generar un aumento en los precios de los productos agrícolas, lo que impactaría al consumidor final.
En este contexto, se hace evidente que la relación entre ambos países requiere de medidas conjuntas y una reflexión profunda sobre el futuro de la mano de obra migrante. Lejos de expulsar a los trabajadores mexicanos, sería más prudente replicar y mejorar los acuerdos exitosos del pasado, así como fortalecer la protección y el trato justo hacia los jornaleros en Estados Unidos. El estrecho vínculo entre las economías de México y Estados Unidos requiere soluciones que beneficien a ambas partes, sin perder de vista el valioso aporte de los trabajadores mexicanos en la agricultura.
