Para el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Álvaro López Ríos, las reformas que pretende el Gobierno Federal en materia de comunicación y audiencias es incongruente pues las dependencias federales y locales están plagadas de burocracia sorda y mediocre que se mantiene a puerta cerrada evitando dialogar con la población que busca solucionar conflictos.
Consideró que esta iniciativa presentada por Gobierno Federal más que una supuesta defensa de los derechos de las audiencias es una incongruencia y un atentado a las libertades de opinión en este país.
Sería más congruente que el gobierno analizara y conociera de los asuntos y conflictos que en este país hay pendientes de materia agraria, de desarrollo y crecimiento económico rural.
En materia agraria, precisó Álvaro López Ríos, persisten en México 130 conflictos agrarios considerados críticos por la disputa de tierras ejidales y comunales, y se localizan en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Durango, Chihuahua y Michoacán.
Las principales causas de las disputas ejidales son del conocimiento de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) pues los problemas surgen por incertidumbre jurídica ya que más de mil 700 núcleos agrarios aún carecen de una regularización, señaló.
Expuso que los juicios históricos son por títulos de propiedad dudosos y expedientes que acumulan más de 50 años en espera de una resolución definitiva.
También por límites territoriales que desembocan en disputas técnicas y superposición de planos entre ejidos vecinos o pequeñas propiedades particulares.
Además, invasiones y despojos ilegales de parcelas, muchas veces cometidas por familiares o terceros aprovechando la ausencia de certificados actualizados, son una constante.
En materia de desarrollo productivo agroalimentario, el dirigente de la UNTA ratificó que la carencia de programas, créditos y precios de garantía justos han propiciado el desplome de producción de alimentos a tal grado que México se convirtió en el país número uno a nivel mundial en importaciones de granos básicos.
“En 2023, el expresidente Andrés Manuel López Obrador desapareció la Financiera Nacional de Desarrollo, con lo que los agricultores del país, se quedaron sin una institución de crédito para el campo”, recriminó Álvaro López Ríos.
También refutó el dirigente campesino que desde el año pasado luego de que pequeños productores de maíz bloquearon carreteras y calles de la Ciudad de México, el Gobierno Federal, la Secretaría de Agricultura y la de Gobernación se comprometieron a pagar incentivos, pero no han liquidado nada y la titular de SADER, Columba Jazmín López Gutiérrez, se comprometió a saldar el adeudo hasta finales de este mes.
En caso de que el Gobierno Federal incumpla de forma definitiva con los pagos pendientes e incentivos a la comercialización del maíz, los productores agrícolas tienen planificada una ruta de acciones de presión extrema y paros escalonados, advirtió.
Álvaro López Ríos, aseguró que ante las incongruencias del Gobierno Federal con su supuesta defensa de los derechos de las audiencias que no es otra cosa más que un atentado a las libertades de opinión y ante la sordera de los secretarios de Estado (SEGOB, SADER, SEDATU, SEMARNAT, CONAGUA y Gobierno de la Ciudad de México) se podría promover una denuncia por su Ley mordaza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
