Con la meta de entregar 500 escrituras gratuitas este año, el Gobierno del Estado fortalece el Programa de Regularización de la Tenencia del Suelo en Tlaxcala, tras la firma del convenio específico de colaboración y coordinación interinstitucional con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).
La estrategia tendrá cobertura en los 60 municipios y busca brindar certeza jurídica a familias que no cuentan con escrituras o títulos de propiedad, mediante acompañamiento legal, condonación de trámites y agilización de procesos administrativos y judiciales.
Durante los “Diálogos Circulares” de la Coordinación de Comunicación, el director de Notarías y Registro Público del Estado, Jeremy Martin Rocha Domínguez, informó que el programa atenderá a personas que, en muchos casos, solo poseen constancias municipales, documentos familiares o antecedentes de posesión que no acreditan el dominio pleno de sus predios.
El funcionario señaló que un proceso de regularización puede representar para una familia un gasto de al menos 100 mil pesos, debido al pago de abogados, trámites municipales, avalúos y dictámenes especializados, como los que emite Conagua en caso de predios colindantes con cuerpos de agua; y puede tardar por lo menos seis meses, por lo que el convenio busca reducir tiempos, costos y cargas administrativas para la ciudadanía.
Rocha Domínguez explicó que el convenio permitirá acompañar a las personas desde la integración del expediente hasta la obtención de una sentencia de usucapión y su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad.
“El objetivo central del convenio es establecer bases, procedimientos y estrategias conjuntas para acompañar a las personas durante el proceso de regularización. La meta planteada para este año es entregar 500 escrituras gratuitas”, afirmó.
El programa contempla la instalación de módulos de atención ciudadana en los municipios, donde se orientará a las personas interesadas, se recibirán documentos y se integrarán expedientes.
Como parte del esquema, los ayuntamientos condonarán pagos relacionados con constancias de posesión, impuesto predial, manifestación catastral y avalúos.
A su vez, la Dirección de Notarías y Registros Públicos exentará certificados de inscripción y no inscripción, así como la inscripción de las sentencias de usucapión, figura legal que permite acreditar la propiedad cuando existe posesión continua y comprobable del predio.
En la estrategia participan los 60 municipios, el Poder Judicial del Estado, la Dirección de Notarías y Registros Públicos, el Instituto de Catastro, la Defensoría Pública, la Oficialía Mayor y otras instancias vinculadas al proceso.
La Defensoría Pública será la encargada de elaborar y presentar las demandas correspondientes, así como de dar seguimiento jurídico. El Poder Judicial designará proyectistas en juzgados civiles para agilizar los procedimientos relacionados con las listas de personas beneficiarias que sean remitidas por el programa.
Una vez emitida la sentencia, el beneficiario solo deberá cubrir el Impuesto Sobre la Renta, al tratarse de una obligación federal; en tanto, el Registro Público realizará de manera gratuita la inscripción correspondiente.
Como beneficio adicional, las personas que concluyan el proceso serán inscritas sin costo al sistema de alerta registral, mecanismo que les permitirá conocer avisos o movimientos relacionados con su propiedad, con la finalidad de brindar seguridad patrimonial con herramientas de protección sobre los bienes familiares.
El director de Notarías y Registro Público precisó que la estrategia también incluye predios ejidales y núcleos agrarios, por lo que ya se han sostenido reuniones con 20 núcleos agrarios; las personas interesadas pueden acercarse a la delegación del INSUS en Tlaxcala para conocer el estatus de sus predios e iniciar el proceso correspondiente, ubicadas en Avenida 20 de Noviembre, número 46B, colonia Centro, en Tlaxcala o llamar al teléfono (246) 462 9440.
Con este esquema, Tlaxcala busca construir un modelo de regularización que reduzca costos, acerque servicios jurídicos a los municipios y atienda tanto propiedad privada como predios ejidales y núcleos agrarios, con el propósito de que más familias pasen de la posesión informal a la seguridad legal de su patrimonio.
