La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no promueve ni utiliza de modo alguno el agroquímico denominado glifosato, por el contrario, estamos cumpliendo con el decreto presidencial para sustituirlo gradualmente, afirmó el titular de la dependencia, Víctor Villalobos Arámbula, quien, sin embargo, advirtió que la prohibición inmediata de su uso, al igual que el de otros plaguicidas en el campo, impactaría en la seguridad alimentaria del país, con efectos inflacionarios.
Al participar en el Primer Parlamento Abierto en materia de Plaguicidas y Fertilizantes en el Senado de la República, resaltó que la dependencia promueve buenas prácticas agrícolas, amigables con el ambiente y de la mano de una Estrategia Nacional de Suelos para la Agricultura Sustentable (Enasas) y el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos, que permite optimizar y reducir gradualmente el uso de plaguicidas con innovaciones en los métodos de aplicación y alternados con productos biológicos u orgánicos, así como control mecánico o humano.
Subrayó que, además, entre los productores se tiene conciencia de que la agricultura nacional debe transitar hacia una producción más sustentable, para lo cual requiere de un periodo de adaptación, evaluación de tiempos de control y análisis costo-beneficio de los distintos sistemas de producción que permitan lograr y acelerar nuestras metas país de autosuficiencia alimentaria y garantizar la asequibilidad de los alimentos a toda la población, sin distinción y con justicia social y liderazgo ambiental.
No obstante, dijo, debemos advertir responsablemente del riesgo para la seguridad alimentaria que implicaría la prohibición inmediata del uso del glifosato y plaguicidas pues impactaría la producción en sus rendimientos y costos, así como la disponibilidad de alimentos y presionaría al alza el precio de los básicos y se afectaría, en primer lugar, a la población más vulnerable.
Villalobos Arámbula expuso que se estima una afectación de entre 30 a 40 por ciento de la producción de alrededor de 64 cultivos agrícolas y se requerirán alternativas viables (eficientes, sostenibles y rentables para el productor, principalmente) en el control de las malezas, plagas y enfermedades, y que considerando los imponderables climatológicos cotidianos, son de las principales amenazas a la actividad agrícola y retos que deben sortear las familias productoras, particularmente en esta coyuntura pospandemia y de inflación en insumos agrícolas y alimentos.
Ante senadores, legisladores, productores, investigadores, académicos, representantes de la industria y público en general, apuntó que, actualmente, las alternativas al glifosato y plaguicidas son limitadas, menos eficientes en tiempos de control y más costosas.
Resaltó que se cuenta con la coordinación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para articular, promover y apoyar investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos e innovaciones que permitan sustentar y proponer alternativas tanto en métodos combinados de aplicación como insumos sustitutos, y entendiendo que, muy probablemente, las alternativas de solución y reemplazo al glifosato y plaguicidas, serán integrales y diversas por cada cultivo y en cada región del país.
Expresó que, por parte de Agricultura y de manera responsable, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) y diversas instituciones públicas de investigación y educación superior del sector trabajan en ello, con parcelas de validación y testigos con diferentes cultivos y en diferentes regiones, y considerando la evaluación de posibles alternativas bajo el métodos científicos y con los análisis costo-beneficio respectivo, para contribuir a dar cumplimento al decreto presidencial.
Señaló que se debe promover entre todos los tipos de productores del país el no abuso de los insumos de que se disponen para proteger el entorno sin poner en riesgo la productividad.
Villalobos Arámbula expuso que, gracias al trabajo constante de los agricultores, la producción nacional de alimentos se ha incrementado en alrededor de 3.0 por ciento de 2018 a 2021 y, para este año, se espera que la producción total sea de 297.2 millones de toneladas.
En México, dijo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estableció como uno de sus grandes objetivos la seguridad alimentaria con soberanía; es decir, recuperar la capacidad del sector agroalimentario nacional para producir los alimentos básicos que garanticen el derecho a la alimentación de alrededor de 130 millones de personas en el país y contribuya a la del mundo.
Lo anterior, anotó, significa que se tiene que continuar con el incremento de la producción de los alimentos del campo mexicano, elevar su productividad, pero de manera responsable y sustentable, para lo cual se debe disminuir de manera gradual el uso de los plaguicidas en general, así como optimizar el recurso agua y manejar de manera integral nuestros suelos vivos.
Sin embargo, esto no es algo que se pueda hacer de un día para otro, ya que, por el momento, y en el caso de algunos de ellos, no se dispone de todas las innovaciones y medios para sustituirlos, reiteró Villalobos Arámbula.
Felicitó al Senado por esta iniciativa de parlamento abierto, ya que todas las opiniones y visiones son válidas e importantes, sobre todo las de los productores y exhortó a los actores del sector agroalimentario a unirse al llamado del presidente, para garantizar la producción de alimentos y su asequibilidad a toda la población, para que “nadie se quede afuera ni nadie atrás”.
Importante atender, de manera integral, los temas de fertilizante y plaguicidas
El coordinador general de Inteligencia de Mercados de la Secretaría de Agricultura, Arturo Puente González, resaltó la importancia de discutir y analizar de forma integral el tema de los plaguicidas y fertilizantes y su relevancia para el sector primario, su impacto en rentabilidad y el manejo de prácticas sustentables.
En torno al glifosato, afirmó que siguen los trabajos y las consultas interinstitucionales para su tránsito a otros insumos amigables con el ambiente, con base en la evidencia científica, iniciativa en la que el gobierno refrenda el compromiso de que la producción de alimentos sea con prácticas sustentables.
Se trata de un reto, expuso, que tendrá como principal aliado la innovación y las tecnologías.
