Es urgente que las autoridades refuercen las acciones para prevenir la tortura y otros tratos crueles cometidos contra mujeres privadas de la libertad, atiendan las condiciones de internamiento de ellas y de sus hijas e hijos en los centros penitenciarios del país, y garanticen sus derechos humanos, afirmó la maestra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Al inaugurar el foro Buenas prácticas de los mecanismos nacionales de prevención de la tortura en la atención a mujeres privadas de la libertad en América Latina , sostuvo que es preciso recuperar los avances y las mejores prácticas para inhibir abusos al interior de los centros penitenciarios del país, en los cuales la CNDH ha identificado -a través de varios diagnósticos e informes- que se trata generalmente de mujeres en situación de pobreza, con pocos años de escolaridad, quienes antes de entrar a prisión eran las principales o únicas responsables del cuidado de hijas, hijos e incluso de otros familiares o víctimas de diversas formas de abuso.
En el evento, que reunió a personas representantes de Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura (MNPT) de México, Argentina, Ecuador, Chile, Costa Rica, Bolivia, Perú y otros países de América Latina, Piedra Ibarra subrayó que a dichos factores se suma la discriminación en el caso de mujeres indígenas y afrodescendientes, quienes viven con algún tipo de discapacidad, se encuentran en estado de gestación, son adultas mayores o con enfermedades crónicas que las coloca en mayor grado de vulnerabilidad, lo cual sucede en México y en otros países de la región.
Resaltó que la CNDH ha realizado una intensa labor para promover que las mujeres privadas de la libertad conozcan sus derechos y puedan ejercerlos; alentar que tengan comunicación con el exterior; identificar a las mujeres sin contacto con representantes jurídicos para remediarlo y garantizar el acceso a su representación legal; asegurar el acceso a servicios médicos, incluida la atención a la salud mental, sexual y reproductiva con enfoque de género.
La presidenta indicó también que para esta Comisión Nacional es una prioridad la atención a las niñas y niños que conviven con sus madres en los centros de privación de la libertad y, en este sentido, dijo que el MNPT ha identificado que esos lugares no suelen contar con las condiciones materiales para una estancia segura, que las madres comparten los mismos espacios con el resto de la población y no cuentan con áreas de cuidado materno infantil, por lo que destacó la urgencia de atender esta situación.
A su vez, la directora general de la Tercera Visitaduría de la CNDH, Nestora Salgado García, señaló que en México persiste un sistema penal punitivista que castiga y después investiga, lo cual afecta a muchas mujeres. Detalló que, según cifras oficiales, en diciembre de 2025 existían 15,849 mujeres privadas de la libertad, que representaban el 6.18% del total de la población penitenciaria en cárceles estatales y federales, mientras que para abril de 2026 esta cifra se incrementó a 16,921 mujeres privadas de la libertad (6,36%), es decir 1,072 mujeres más en prisión.
Aseguró que la CNDH ha detectado que el sistema penitenciario vulnera los derechos de las mujeres privadas de la libertad, toda vez que persiste la falta o insuficiencia de personal médico, psicológico y psiquiátrico; ausencia de actividades de prevención y rehabilitación en materia de adicciones, y traslados involuntarios a otros penales, alejándolas de sus familias, entre otros factores. Frente a ello, sostuvo que la transformación de la CNDH en una Defensoría del Pueblo permitirá impulsar una perspectiva de derechos humanos que facilite al Estado mexicano saldar la deuda histórica con las mujeres, a través de la implementación de un modelo de atención diferenciado.
Por su parte, la directora general de la Cuarta Visitaduría de la CNDH, Arely López Pérez, planteó que la prevención de violaciones a los derechos humanos exige mecanismos capaces de identificar y atender oportunamente contextos de violencia, discriminación y exclusión que padecen las mujeres privadas de la libertad y la protección efectiva de sus derechos humanos demanda respuestas institucionales tempranas, especialmente tratándose de indígenas y personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados.
Comentó que la privación de la libertad de las mujeres no ocurre en el vacío, sino en contextos atravesados por desigualdad, violencia y exclusión estructural. “Detrás de cada expediente existe una historia humana”, por lo que “comprender ese contexto no implica sustituir la función de la justicia, sino reconocer que la protección de los derechos humanos exige mirar a las personas en toda su complejidad, sólo así podremos construir respuestas institucionales más sensibles, más incluyentes y respetuosas de la dignidad humana”.
